Ausencia de cifras y un marco jurídico impreciso, parecen signar el panorama cuando se indaga sobre la discriminación sexual en nuestro país. A diario, cientos de personas de la comunidad LGBTI son vulneradas de alguna forma por su orientación sexual, y aunque nuestra constitución lo prohíbe, mucho falta por hacerse para erradicar las prácticas discriminatorias de nuestra sociedad

Mucha gente recuerda con agrado a Clemencia, una tranformista  interpretada por Erick Wildpret en la película Amor en Concreto del director venezolano Franco de Peña. En el filme del año 2006, se muestra el típico y lamentablemente cotidiano, drama que enfrentan las personas que ofrecen servicios sexuales en la Avenida Libertador de Caracas, donde a diario son víctimas de extorsión y agresiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Clemencia, tal como en la vida real, no es agredida por ser trabajadora sexual, si no por ser travesti.

Aunque el comercio de servicios sexuales en la vía pública, no es un delito contemplado en nuestro Código Civil, según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Distrito Metropolitano de Caracas, dedicarse a ésta actividad acarrea sanciones que van desde el pago de  veinte unidades tributarias, hasta la realización de 48 horas de trabajo comunitario. Lejos de lo establecido en la ordenanza, las aprehendidos in fraganti son “matraqueadas” por los oficiales, agredidos verbal y físicamente y hasta violadas en algunas oportunidades. Igualmente, esta situación se repite en otros estados del país, donde a pesar de no existir ordenanza o norma que penalice la situación, las trasvesti son vilipendiadas por la policía.

Principalmente, una idiosincrasia machista y patriarcal, nos hacen ciegos ante una realidad abrumadoramente discriminatoria, aderezada con profundo desconocimiento y desinformación sobre temas como sexo, sexualidad y orientación sexual. Según la Asociación Americana de Psicología (APA), la orientación sexual es una atracción constante hacia otra persona en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo y abarca desde la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad absoluta e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas que sienten una orientación homosexual se denominan gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas (solamente para referirse a las mujeres).

La orientación sexual, es fácilmente diferenciable de otros componentes de la sexualidad. El género, como aspecto de la identidad humana, es construido por valores, antivalores y estereotipos sociales, a diferencia del sexo biológico, que como característica física todos poseemos uno desde que nacemos (femenino o masculino). El varón viril y heterosexual o la mujer frágil y heterosexual, son “estereotipos de género”. También, actúan en la sexualidad, conceptos como la identidad del género (el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer) y el papel social que conllevan los géneros (tales como adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento femenino o masculino).


La APA considera además, que la orientación sexual es probablemente el resultado de una compleja interacción de factores ambientales, cognitivos y biológicos. Los seres humanos no pueden escoger ser homosexuales o heterosexuales, pues para la mayoría de las personas, la orientación sexual se define al comienzo de la adolescencia, sin necesariamente pasar por una experiencia sexual. Si bien tenemos la opción de actuar, o no, en relación a esos sentimientos, los psicólogos no consideran que la orientación sexual sea un acto consciente que podamos cambiar a voluntad.

ESTEREOTIPOS DE GéNERO

En el  2006, Esther Caricote, publicó un estudio en la revista de ciencias de la Universidad de Carabobo, que entre otras cosas, sostiene que durante nuestra formación se nos transmiten valores y conceptos errados sobre el sexo y la sexualidad, que solo nos llevan a la desinformación. Caricote, considera que en la sociedad latinoamericana en especial, los estereotipos de género,  ponen en peligro el proceso de aprendizaje del adolescente y lo hacen propenso a situaciones indeseables como el embarazo precoz o infectarse con enfermedades de transmisión sexual.

De alguna forma, esta información se corresponde con el Informe de Gestión 2008-2009 de la Defensoría del Pueblo, donde se reconocen los estereotipos de género como un problema social e incluso se recomienda rediseñar las políticas educativas del Estado, para erradicar prácticas sexistas y garantizar los derechos de información, no discriminación, educación y salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Increíblemente, se soslaya la orientación sexual como variable activa dentro de la salud sexual del venezolano, y sólo en un apartado de recomendaciones, se menciona la discriminación contra homosexuales, pero no se aborda esta realidad a fondo, ni las medidas necesarias para cambiarla.

Según el reporte del 2008 de la ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexo creada en 1978) Venezuela es uno de los países que posee legislación contra la discriminación por orientación sexual. Cientos de organizaciones como Amnistía Internacional, Acción Solidaria o Alianza Afirmativa de Venezuela, y organismos gubernamentales como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de la Mujer, participan activamente para hacer cumplir nuestro marco legal  y erradicar prácticas discriminatorias, pero estos esfuerzos parecen no ser suficientes.

MUESTRAS DE ODIO

A pesar de la ausencia de cifras que demuestren discriminación en contra de la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo) en Venezuela, existen casos emblemáticos realmente alarmantes. En 2004 Jorge Falcón conocida como Yhajaira, envió una carta al presidente Hugo Chávez, donde expone como un efectivo policial de Valencia, Edo. Caracabobo, la persiguió por cuatro años tras denunciarlo por asesinar a una compañera transformista y le propinó dos impactos de bala, uno de ellos en su pierna izquierda con lesiones en tibia y peroné y otro en el ojo derecho. Adicionalmente, denunció que a pesar de su estado de salud, en el Hospital Militar  se negaron a atenderla por ser transformista y sólo a través de una carta firmada por Lina Ron logró ser atendida medianamente tras varios intentos.

El caso de Falcón, se repite con frecuencia en nuestro país. Sólo en 2009 se han contabilizado y documentado al menos ocho crímenes de odio contra ciudadanas transgénero. Entre los crímenes, destaca el ocurrido en julio pasado en el sector Sierra Maestra del Municipio San Francisco del Estado Zulia, cuando fue asesinada Violeta Vergara Conde, una transexual de 19 años de edad en compañía de Katiuska Soto, también transgénero,  quien fue brutalmente golpeada pero  pudo escapar y sobrevivir. El crimen, está relacionado con unos panfletos que se repartieron a lo largo del estado, donde se anuncia una limpieza social que incluye malandros, drogadictos, prostitutas y transformistas en manos de un grupo de exterminio. El modus operandi, consiste en que los delincuentes llegan en automóviles negros, le disparan a sus víctimas y les dejan el panfleto sobre el cuerpo.

El discurso de este panfleto, va más allá del anonimato y puede escucharse en boca de muchos personajes públicos y no tan públicos. En abril de 2006, el Fiscal general de la república, Isaías Rodríguez, se pronunció con respecto a la muerte del sub-secretario de la Conferencia Episcopal sacerdote Jorge Piñango, asegurando que éste “realizó actos que lo llevaron a esa muerte” y que en el caso “hay una hipótesis que tiene que ver con el sida”. Estas declaraciones, fueron rechazadas en un comunicado por diversas instituciones del país, por considerarse que tenían raíces homofóbicas y no son concluyentes en la investigación.

En mayo de 2003, los medios de comunicación informaban sobre el asesinato de un abogado en la ciudad de Barquisimeto, Edo. Lara. Confesos los detenidos, declararon abiertamente ante las cámaras que el crimen se justificaba por tratarse de un maricón, a lo que incluso los medios informativos impusieron censura, para evitar mencionar la palabra maricón. Igualmente, el Presidente Chávez en su gira por Italia este 2009, aseguró que la sociedad venezolana ve con malos ojos el matrimonio y el emparejamiento homosexual, y que como un venezolano mas, también ve este hecho con malos ojos.


En octubre de 2009, el Prof. Pedro Lava, se hizo famoso tras exponer en medio de una de una clase de Derecho Romano en la Universidad Santa María, que la homosexualidad es una enfermedad, que debe ser tratada como tal, que los romanos mataban a los griegos por homosexuales y equiparó el homosexualismo con delitos punibles como consumir drogas o robar un banco, entre otras cosas. El primero de diciembre del corriente, el alcalde del municipio Charallave Edo. Miranda, José Ramírez, aseguró en un acto público del PSUV, que el gobernador del estado, Henrique Capriles Radonsky, era homosexual y equiparó la homosexualidad con ser “choro, sin vergüenza, fascista y traidor”.

IMPUNIDAD

Estas muestras de la discriminación y el rechazo que existe contra la comunidad LGBTI en Venezuela, están eventualmente acompañadas por impunidad, propiciada por las mismas víctimas de estos abusos. En 2008, un informe auspiciado por ONUSIDA y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)  reveló que el El 79% de las personas agredidas por funcionarios del Estado o particulares, no denunciaron las agresiones. La desconfianza en el sistema de justicia, el miedo y la vergüenza son las principales causas para la impunidad. Las lesbianas son las que menos denuncian las violaciones y los atropellos (un 92%), seguidas por los gays (90%), bisexuales (87%) y trans (82%). El porcentaje de casos resueltos sobre el total denunciado es del 15%.

Este estudio, responsabilidad de Marcia Ochoa (Universidad de California) y Edgar Carrasco (Acción Ciudadana Contra El Sida), es la única fuente de información y datos estadísticos sobre violencia contra la comunidad LGBTI en Venezuela y se ha realizado en dos ocasiones, 2003 y 2008. Para la recolección de la última muestra, se encuestaron 742 personas entre Caracas, Mérida y Maracaibo, distribuidas así: hombres gay 465 (63%), bisexuales (masculinos o femeninas o ambos) 107 (14%), lesbianas 103 (14%) y transgéneros 67 (9%). Sin embargo, el trabajo de campo también revela que homofobia, lesbofobia y transfobia no son fenómenos exclusivos de los cuerpos policiales del país, pues un 38% afirmó haber sido haber sido agredido, robado o chantajeado por su condición de LGBTI por algún particular (no policía).

Hasta los activistas de derechos humanos son víctimas de atropellos. Jonathan Matheus, vocero de de la Asociación Civil Venezuela Diversa, denunció que en octubre, miembros de dicha organización fueron víctimas de una detención arbitraria por parte de la Policía de Caracas. Estaban haciendo trabajo de monitoreo de las poblaciones sexo diversas en la calle Villa Flor de Sabana Grande, cuando se percataron de que de funcionarios del Plan Caracas Segura, maltaban a ciudadanos LGBTI y los montaban en las jaulas de la policía. Matheus, tomó una foto con su teléfono celular del momento en que montaban en la jaula a un menor de edad y le arrebataron su teléfono. Acto seguido, fue introducido en una patrulla junto a otro miembro de la organización, los agredieron física y verbalmente y finalmente fueron abandonados en la autopista Francisco Fajardo horas más tarde.

NECESIDAD DE LEGISLAR

Para la abogada y profesora universitaria, Tamara Adrián, la ausencia de legislación específica es la causa fundamental del problema. Según su criterio, aspectos como la socio construcción del género, las diferencias entre sexo biológico y género, el derecho a la identidad, derecho de pareja y la identidad de género, deben ser introducidos en nuestro marco legal para garantizar la no discriminación y protección reforzada que requiere la comunidad LGBTI. Actualmente, actividades sencillas y cotidianas como sacarse la cédula, pueden convertirse en un suplicio si se es transgénero, pues no se está permitido que teniendo un nombre masculino el ciudadano acuda a  tomarse la fotografía vestido de mujer y mucho menos cambiarse el nombre.

Internacionalmente, la discriminación por orientación sexual es contraria a tratados como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador o el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Países de la región como Colombia, Argentina, México, Ecuador, Uruguay y Brasil,  ya existe legislación específica para proteger a los integrantes del colectivo LGBTI.  En el Ecuador existe un precedente histórico, donde la Defensoría del Pueblo marcó un hito en la defensa de los derechos de un ciudadano transexual, a quien le impidieron inscribirse en la carrera de Periodismo en la Universidad Laica “Vicente Roca Fuerte” y el Estado actuó de forma eficiente en la administración de justicia.

En Venezuela, La Constitución Nacional promulgada en 1999, establece claramente en su artículo 21 que: “todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia (..) no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”. No obstante, la norma no prevé cómo evitar la discriminación, no menciona de forma específica a la población sexo diversa y no existe ninguna ley especial al respecto.

En 2003, la Asociación Civil Unión Afirmativa, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso de interpretación de la carta magna, por considerar que esta se contradecía en su artículo 77 con respecto al 21, al sólo reconocer matrimonios  y uniones de hecho en el caso de la población heterosexual. El recurso, fue respondido asegurando que dicho artículo busca reforzar la familia a través del matrimonio heterosexual como única vía para la procreación, y aunque la respuesta parezca una derrota para el movimiento LGBTI, se dio un gran paso en materia jurídica al discutirse este asunto de forma abierta por primera vez.

En la misma sentencia, la magistrada Carmen Zuleta se abstuvo de apoyar la decisión de la sala, alegando que prejuicios religiosos y morales arrastrados culturalmente son los que impiden en el foro un debate abierto y formador. Para Zuleta, aunque la sala consideró que la unión homosexual es posible de forma privada, el no reconocimiento legal de las uniones homosexuales es una evidente forma de discriminación contra esta comunidad, pues no se les permite ejercer libremente actividades “propias de su condición” como lo son la convivencia con una pareja del mismo sexo, la demostración de afecto en público, heredar o acceder a una pensión de viudez, como sí puede hacerlo una pareja heterosexual.

Dado el panorama, es obvio que la discriminación sexual está a la orden del día en nuestro país. En ese sentido, se hacen necesarias medidas que nos ayuden a transformar la ciudadanía y aumentar los márgenes de tolerancia. Una reforma educativa es necesaria, para orientar tanto a grandes como chicos, en áreas como sexo, género y sexualidad para que ejerzan de forma responsable, plural y consciente sus derechos sexuales y reproductivos y respeten y entiendan la orientación sexual de otros. Además, la revisión y ampliación de nuestro ordenamiento jurídico se hace primordial para evitar que vacíos en nuestras leyes amparen la discriminación, por ello se requiere reforzarlas  en ellas la protección de grupos minoritarios y establecer mecanismos para su no exclusión y erradicar la vulneración de sus derechos.

*** Los derechos de copyright del Reportaje Interpretativo anterior, pertenecen exclusivamente a su autor***

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